Llevo varias semanas asistiendo al exceso de opinión suscitado por el último informe PISA, en el que España obtuvo su peor resultado. Todo periodista que se precie se ha convertido en un experto pedagogo con capacidad para hablarnos de causas, procesos y consecuencias. Han culpado al sistema educativo, a la sociedad, a los padres, a los docentes… Justo desde ese punto de vista, el de una docente que lleva años al pie del cañón en diferentes contextos, daré hoy mi opinión.

En el año 1996 inauguré como alumna la Educación Secundaria Obligatoria, que acababa con la EGB, el BUP y el COU y suponía la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años. Pese a la reforma educativa, mis excelentes profesores continuaron instruyéndome el anánisis sintáctico, evaluándome dictados y redacciones y encargándome lecturas obligatorias ―concepto que no me traumatizó ni anuló mi espíritu lector― de autores clásicos que debía realizar en mi tiempo libre y cuya comprensión comprobaban con un examen ―sí, examen, no prueba de verificación ni actividad de comprobación, examen―.

Terminé bachillerato con buen nivel. Muchos compañeros repitieron, dado que era lo que le ocurría a quien no adquiría unos contenidos mínimos, pero también obtuvieron un nivel de conocimientos excelente y acabaron sus estudios postobligatorios en el tiempo estimado: aprendieron de la experiencia que el error acarrea consecuencias. Otros no llegaron siquiera a obtener el título de la ESO, pues abandonaron el instituto cuando cumplieron los dieciséis años. La mayoría simplemente no había alcanzado un grado de madurez suficiente y logró reftificar y obtener su titulación en una Escuela de educación para personas adultas.

En 2008 me presenté a mis primeras oposiciones. Ahí me enfrenté a lo que a día de hoy sigue condicionando mi vida laboral y la de mis compañeros: nos evaluaban de una recién estrenada Ley Orgánica de Educación ―la del PSOE de Zapatero―. Nuestra función atendiendo a ella era formar alumnos que desarrollasen ocho competencias clave impuestas por Europa y definidas como «conocimientos necesarios y beneficiosos para que los individuos desarrollen su vida en una sociedad», es decir, ciudadanos útiles en un mundo capitalista, no necesariamente sabios. Pese a aprobar con buena nota, no comencé a trabajar hasta 2009.

Desde entonces hasta 2012, mi profesión era más o menos factible: pese a que la LOE ya incluía la posibiliad de ampliar las ratios a 30 alumnos por aula en la ESO y a 35 en bachillerato, no se llegó a aplicar ese aumento por su reciente aprobación. Además, la normativa seguía dictando que se podía repetir una vez por ciclo educativo y que la titulación se concedía cuando se superaba 4º de ESO con cero materias suspensas. En caso contrario ―repetición o no titulación― los padres acostumbraban a tomar represarias contra sus hijos y no contra el profesorado.

Por otra parte, los alumnos con necesidades específicas, pese a pasar horas en el aula ordinaria, disponían de un especialista en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje que les impartía clase y les diseñaba actividades adecuadas a sus capacidades para el tiempo que pasaban en el aula. Además, tuve la suerte ―en aquel momento no lo vi como tal, pero hoy sí― de cubrir muchas sustituciones en entornos diferentes: en institutos rurales con ratios más bajas vi claramente que mis alumnos aprendían más y mejor, pese a ser la misma mi metodología. 

Con la llegada del PP al gobierno y los recortes en educación, las ratios exageradas se aplicaron y las de bachillerato se aumentaron a 40 alumnos por aula. Se incluyó también el concepto «aprendizaje por proyectos», que supone plantear un reto al alumno y que él, como protagonista de su aprendizaje, investigue contenidos de diferentes áreas y los aplique en su resolución. Aquí el docente no es más que un simple guía, la palabra examen se convierte en un tabú y la evualuación numérica desaparece para dar paso a la cualitativa: es lo mismo, pero en lugar de poner 0 o 3, pone NA en el boletín, acompañado de un extenso comentario que nos recomiendan enunciar en positivo para no traumatizar: en lugar de decir «el alumno no ha trabajado en todo el trimestre», redactamos «conviene que se aplique más para que su rendimiento sea acorde a sus capacidades». Además, la LOMCE, también conocida como ley Wert, entendía la repetición de curso como una medida excepcional aplicable solo a casos extremos y con aprobación del equipo docente y la inspección educativa. Esto ha derivado en que ahora mismo la ESO consiste en una escolarización hasta los 16 años con la consecuente titulación al margen del aprendizaje.

Sumémosle a todo esto leyes de inclusión como la vigente en Cataluña ―donde trabajo desde 2018―. Esta implica que el alumnado con necesidades específicas pasa todo el tiempo, o la mayoría, en el aula ordinaria y el propio profesor ―no especialista en educación especial― plantea y aplica su adaptación curricular sin ayuda de ningún otro profesional. Esto llega a derivar en un aula de 28 alumnos ―las ratios no han bajado pese al cambio de gobierno y la teórica superación de la crisis― con 3 autistas, 2 TDAH ―que estresarán a los anteriormente citados―, algún que otro alumno con un retraso de aprendizaje y uno o dos migrantes que no entienden la lengua ―sí, de esos a los que ciertos políticos han culpado de los resultados―. El docente sale de esa clase agotado después de tratar de estar por y para todos sus alumnos y con la sensación de no haber atendido en condiciones a ninguno de ellos.

Voy ahora a por los padres, que también tienen lo suyo: lo normal en cualquier familia de nuestra ya citada capitalista y útil sociedad es que trabajen ambos progenitores demasiadas horas y, pese a ese precioso pero ilusorio concepto de «conciliación familiar», queden pocas para atender a los hijos. Este hecho va de la mano de un consecuente remordimiento de conciencia que los conduce a convertirse más en abuelos o tíos de esos que miman y conceden el mínimo capricho que en educadores que proponen unas normas y unos límites necesarios para el desarrollo. Como docente esto se aprecia en la tendencia a encontrarse a padres que vienen a reclamar con malas formas y sin cita previa después de una sanción, castigo o calificación negativa. Algunos niños, con las mismas malas formas, llegan a amenazar con un «pues va a venir mi madre», como si fuera nuestro aterrorizador «coco» particular.

Si a esta carencia de límites y exceso de concesiones sumamos la proliferación de una variedad de dispositivos con pantallas y acceso a internet sin ningún tipo de control, nos encontramos con un alumnado cuyos modelos a seguir son ciertos seres de moda que han colgado en alguna plataforma contenidos de cualquier tipo, aptos o no para menores. Por no hablar de la falta de paciencia y atención para seguir cualquier explicación, película o actividad que requiera más tiempo que el necesario para acceder a lo que necesitan a través de estos dispositivos o ver los vídeos presentes en las plataformas de moda.

A este uso excesivo de las pantallas se suma la digitalización de las aulas de algunos centros, que impone el libro digital como alternativa al uso de papel y como opción más económica para las familias ―pese a rondar los 20 euros cada una de las licencias que solo se pueden usar durante un curso escolar y ser inviable la reutilización―. El funcionamiento de la clase consiste, por tanto, en que el profesor proyecta en la pizarra un contenido que explica y los alumnos lo refuerzan mediante la realización de actividades interactivas que suelen consistir en clicar una respuesta. Los contenidos teóricos solo están en formato digital, de modo que el alumno debe seguir usando pantallas también para estudiar.

Por último tenemos el tema del hábito lector, el gran enemigo tanto de niños como de adultos en una sociedad que ensalza la ignorancia. Pese al esfuerzo de los centros educativos con proyectos de lectura, «libros motivadores», etc., se trata de un hábito que se inculca desde casa igual que el de acostarse a la hora adecuada. Seguramente, si mis padres no me hubiesen acompañado a la biblioteca cuando era pequeña, no los hubiese visto siempre con un libro en la mano y no me hubiesen implantado la norma de «para tonterías, el dinero justo; pero, para cultura, todo el que podamos», no habría desarrollado ese hábito.

Con todo esto no quiero manifestar mi contrariedad a las pantallas, ni a metodologías basadas en proyectos. Sí considero necesario reclamar una reducción de las ratios; personal de apoyo para atender adecuadamente a la diversidad en las aulas; una combinación de metodologías: se puede memorizar un contenido y ponerlo a prueba en un examen para después aplicarlo en la resolución de un proyecto o problema; y una adecuada educación y guía en el uso de las pantallas.            

Eso sí, podemos seguir culpando al COVID de todos los males de la sociedad.