Antes de empezar, contextualizaré mi situación: como muchos sabéis, soy una profesora de origen extremeño, residente en Cataluña y he ejercido la docencia en ambas comunidades.

Desde que comencé a trabajar a finales del año 2009 hasta que abandoné Extremadura en 2014, he sido testigo de varias elecciones para escoger de forma democrática al equipo directivo del centro educativo. Además, mis nombramientos como docente siempre los había regido mi posición en la lista de interinos de acuerdo con mis méritos.

 En la educación pública catalana comencé a trabajar en 2018. Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí un asunto llamado «Decreto de plantillas». Explico un poco de qué va: implantado en 2014 por la consejera de educación Irene Rigau, de Convergència, recoge que el equipo directivo puede escoger al 50% de su plantilla docente.

En la práctica, cuando en julio tienen lugar los nombramientos de profesores de cara al curso siguiente, el equipo directivo puede conceder la continuidad a los interinos que ese año han ocupado una vacante en el centro y también reservar otras plazas que, en teoría, exigen unos conocimientos específicos a los docentes que las ocupen. Esta formación se demuestra en base a unos perfiles marcados por el Departamento de educación, así como la formación necesaria para acreditarlos —aportando un Máster en Neuropsicología y educación he tardado años en que me reconozcan el perfil Atención a la diversidad, que sí conceden alegando algunas horas de cursos de formación propuestos por ellos e impartidos por entidades privadas—. Una vez publicadas las citadas plazas específicas, los candidatos a ocuparlas envían el currículum a los centros educativos —sí, como en la empresa privada— y los equipos directivos se encargan de escoger al candidato ideal a partir de una entrevista, al margen de su antigüedad o méritos.

En base a todo esto, es legal el siguiente ejemplo: yo soy directora de un centro educativo, recomiendo a mi hijo recién titulado formarse en determinados perfiles, reservo una plaza de la plantilla que incluya dichos perfiles y lo escojo a él tras el proceso de entrevistas.

Por otra parte, los centros educativos están dirigidos por profesionales impuestos por la inspección educativa, sin convocar ningún sistema de votación que incluya a un claustro plagado, como si de una empresa privada se tratase, de profesionales que ceden al mínimo toque de atención y callan violaciones de sus derechos por miedo a no obtener el visto bueno de su superior y perder su puesto. Por no hablar del amiguismo forzado de los que pasan sus horas libres en los despachos desde su llegada al centro para ganarse los favores de quienes dominan el chiringuito.  Todos estos cauces desembocan en claustros cada vez más divididos, y directores que se permiten el lujo de cuestionar hasta cuándo acudes a esa visita médica que necesitas y a la que tienes derecho.

 No olvidemos que el artículo 103 de la tan nombradísima Constitución Española dice que «La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones». Pero, claro, las violaciones de la constitución solo duelen cuando hay por medio himnos y banderitas, como allá por Las cruzadas.

 Solo necesitamos mirar las listas de interinos docentes de Cataluña: en muchas especialidades llevan vacías desde septiembre y es imposible cubrir las sustituciones a docentes en situación de baja laboral. No es un tema del requisito lingüístico: la situación es tan extrema que se ha llegado a dar el caso de ocupar plazas con profesores que no dominan el catalán. Es un tema de quemón: no necesito centrar mis esfuerzos en gustar a una u otra persona, sino en ofrecer un sistema educativo de calidad, que es en lo que he creído siempre.