He leído en estos últimos días artículos bajo el titular «Más del 30% de las bajas docentes no se cubre». Y todo ser ajeno a la docencia que lo lea se preguntará: «¿Cómo puede no haber profesores, con lo bien que viven?». Sí, esos dos meses de vacaciones en los que solemos programar el curso siguiente o formarnos no nos dan una gran popularidad entre quienes no quieren mejorar sus condiciones laborales, sino que empeoren las del vecino.

Pues bien, tal como hice con los resultados del informe PISA, ofreceré ahora mis conclusiones desde el punto de vista de una docente que trabaja en el sistema público catalán desde hace seis años, pero también ha ejercicido en Extremadura durante cinco y en la escuela concertada algún que otro perído que prefiere borrar de su memoria:

Para empezar, cuando llegué a la educación pública catalana me quedaba poco tiempo para alcanzar mi primer sesenio, complemento que se cobra en toda España cuando se cumplen los seis años de experiencia y que exige también horas de formación. Cuál fue mi sorpresa cuando descubro que en Cataluña se cambiaron las reglas del juego allá por la crisis y no se retractaron de sus decisiones cuando nos vendieron que ya habíamos salido de ella: aquí el sesenio se cobra a los nueve años (lo llaman «estadio de promoción docente» para que no les contraargumentemos con el concepto). En los últimos meses se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para empezar a cobrarlo a los seis años y se estaba negociando la devolución de la deuda a los afectados. El gobierno que se autodenomina como «esquerra» y que ha dejado la consejería de educación bajo el mando de Anna Simó, la pareja de quien clamaba en 2022 la privatización de toda la escuela pública (los defensores de «Ayuso inocente» me diréis que no tiene nada que ver con ella, pero borró el mensaje en cuanto su señora asumió el cargo), ha condicionado la propuesta a la aprobación de los presupuestos y, voilà, se paralizan y se convocan elecciones. Llamadme conspiranoica, pero la unión de un cúmulo de casualidades ofrece una clara causalidad.

Sigamos con la falta de profesores en Cataluña. Nos encontramos con la problemática de la repetición de curso: Ya las leyes educativas estatales hablan de ella como una medida excepcional y está claro que todos lo entendemos así, pero aquí nos encontramos con la imposición de un número máximo de repetidores a los directores de los centros educativos. Asistimos así a la promoción con cinco o seis materias suspensas que, en lugar de favorecer al alumnado, lo perjudica: si yo llego a cuarto de ESO con materias pendientes hasta de primero, lo normal es que ni consolide los aprendizajes atrasados ni adquiera los nuevos. Pero me engañan hasta el punto de concederme un título académico, un C1 de catalán (que yo cursé en la EOI con todo el esfuerzo que me supuso) y la posibilidad de acceder a bachillerato o FP condenado a fracasar por no haber adquirido los conocimientos necesarios para superarlos. Volvemos a la teoría de la conspiración: cualquier alumno que repita o no titule altera los datos de fracaso escolar en un mundo en que todo se basa en comparativas entre países, comunidades y hasta escuelas y, además, supone un gasto económico mayor (la repetición y la posible escolarización en una escuela de adultos). ¿Qué consecuencia acarrea eso al profesorado? Para empezar, cualquiera con vocación y fe en su profesión verá frustradas sus pretensiones al tratar de enseñar a unas generación cada vez menos motivadas por el aprendizaje académico. Entendemos la necesidad de adaptar nuestros métodos a los nuevos tiempos, pero no la de convertirnos en una guardería hasta los dieciséis años. Además, los propios niños saben que hay que unir el cielo y la tierra para repetir y no titular, lo que conlleva una decadencia de la política del esfuerzo y también un deterioro de la actitud en el aula hasta el punto de convertirse en peligrosa para nuestra salud física y mental.

Justo esta cuestión, la actitud en el aula, también quería ofrecerla como explicación a la falta de profesores. Llega un punto en que la labor docente en un aula puede resultar peligrosa. Yo, por ejemplo, he sufrido insultos y amenazas por parte de alumnos a los que, pese a las circunstancias, me he visto obligada a impartir clase durante años. He asistido como testigo a casos de profesores agredidos físicamente por adolescentes que, tras cumplir un irrisorio castigo, han vuelto al aula.

Vayamos al tema del castigo: Para empezar, la única herramienta del docente ante un inclumplimiento de las normas consiste en rellenar una incidencia que, en la mayor parte de los casos, no solo no conlleva una consecuencia mayor, sino que acarrea la queja de padres ante la dirección del centro escolar. Es necesario acumular varias de esas incidencias para que se produzca un castigo que, en el peor de los casos, supone una expulsión a casa con barra libre para jugar a Fortnite. Pese a nuestra condición de autoridad pública, la sanción jamás supone una consecuencia para alumnos o padres que implique plantearse una mejora.

Otra peculiaridad de Cataluña la tenemos en el TDR, un trabajo de investigación que realiza el alumnado de bachillerato bajo la dirección de un profesor que no recibe por esta labor ni reducción horaria ni compensación salarial. Debo dejar claro que me encanta dirigirlos, pero no tanto regalar a nadie gratuitamente el tiempo que le debo a mi hijo, que yo también necesito conciliar. 

No abordaré ahora el tema del decreto de plantillas y el poder que otorga a los directores, pues ya me centré en ello en mi anterior artículo. Pero sí que quiero terminar esta lista de razones con el decreto de inclusión. Según él, yo debo impartir clase a alumnos con cualquier tipo de diversidad y realizarle su correspondiente adaptación, pese al continuo recorte en personal auxiliar. Nadie como yo, que tengo necesidades específicas que también expliqué en otro artículo y cuya adaptación aún espero por parte del departamento, puede creer en la educación inclusiva. El problema fundamental se encuentra en la total incapacidad por parte de un docente no versado en educación especial para adaptar los contenidos y la frustración que le ocasiona la sensación de no haber cumplido adecuadamente ni con los cinco alumnos con adaptación ni con los veinte restantes sin ella.

Ante este panorama, ¿en qué invierte el departamento el presupuesto educativo? En pagar a un «comité de expertos» que, de momento, solo ha planteado que en secundaria se impartan clases por la tarde (si ya cuesta a los adolescentes estudiar en casa, concedemos el argumento ideal para evitarlo).

Ante esta serie de datos, ¿alguien necesita más explicaciones para la carencia de personal docente? Primero me cargo la sanidad y achaco su deterioro a la falta de personal. Ahora le toca a la educación.