Hoy interrumpo mis labores de final de trimestre y mi rutina de escritura —ya sé que esto también lo es, pero no la dinámica a la que me refiero— para daros un poco la chapa con mis reivindicaciones de profesora del sistema público catalán. 

Ahora mismo nos encontramos en mitad de una semana de huelgas en todo el territorio. El pasado 11 de febrero protagonizamos una protesta sin precedentes que, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentirme orgullosa del colectivo. Sin embargo, el departamento de educación se limitó a responder con un acuerdo que el gobierno, los dos sindicatos que lo firmaron —y que solo representan un 20% del sector educativo— y la prensa afín catalogaron como «histórico». 

De entrada, solicitamos un aumento salarial. Los docentes somos funcionarios estatales, sin embargo, debido al complemento específico autonómico, existe una brecha muy importante dependiendo de la comunidad en la que trabajemos. Los catalanes estamos en la cola, llegando a variar nuestro salario alrededor de quinientos euros en comparación con un profesor del País Vasco. El departamento sí que ha accedido a conceder una subida: frente al 100% inmediato que exigíamos sobre el citado complemento, nos ofrecen un 30% —unos 200 euros brutos mensuales— en cuatro años, a cuentagotas. Además, alegan que en 2029 seremos los terceros mejor pagados de España, así que preparaos los de otras comunidades, que parece que han conseguido que os congelen a vosotros el sueldo. 

También solicitamos una bajada de las ratios, que los alumnos con necesidades específicas de soporte educativo cuenten como dos y personal de apoyo para ofrecer a todos el cuidado que merecen. Para entender esta petición, os contaré un día cualquiera de mi vida: entro a la clase de veinticinco alumnos, de entre los que destacan los nueve que precisan una adaptación curricular y más atención en el aula. Estoy completamente sola, hay momentos de la sesión en la que tengo que decidir si dedicarme a los más vulnerables o resolver las dudas del resto. El resultado es una hora agotadora en la que no he ofrecido a ninguno lo que necesita y merece. Y, cuando llega el momento del examen, me presento con cuatro modelos diferentes acordes a la diversidad. Aquí nuestros gobernantes ofrecen, para el curso 2027-2028, una bajada insuficiente y supeditada a la adecuación de espacios. Además, se cubren de gloria cuando esta es una medida tomada del gobierno central. 

Otra de nuestras demandas es la reducción de la burocracia, que ilustraré con otro ejemplo: el pasado lunes los tutores de cuarto de ESO asistimos a una reunión de algo más de dos horas para decidir el consejo orientador que entregaremos a nuestros alumnos. El próximo lunes arranca la verdadera odisea: la evaluación trimestral. A las cuatro de la tarde está convocada la junta; sin embargo, no recibiré las actas hasta las ocho o las nueve de la mañana. A la hora de la reunión debo tener listo el porcentaje de alumnos con cero, una o dos, tres o cuatro y cinco o más materias suspensas y las copias de la documentación para entregar al equipo docente. Eso sin dejar de asistir a ninguna de las clases, guardias y reuniones de mi horario. Desde el martes hasta el jueves correré por los pasillos y aprovecharé cualquier hueco para firmar y sellar los boletines de notas y organizarlos junto a los documentos del consejo orientador y la revisión de las adaptaciones curriculares de quienes las necesitan de cara a entregarlos el viernes. No sé si alguien ve un hueco en este laberinto para preparar e impartir adecuadamente las sesiones de la semana. 

Por último, llevamos ya años exigiendo más democracia en los centros educativos. Lo resumiré muy rápido porque ya lo expliqué hace tiempo en otra entrada: el decreto de plantillas implica que el equipo directivo puede elegir a parte de su plantilla docente a través de propuesta de continuidades de interinos y funcionarios sin plaza definitiva y también creando las llamadas «plazas perfiladas», que exigen al trabajador la acreditación de cierta formación impartida generalmente por entidades privadas. Este personal es seleccionado mediante entrevista y conlleva tanto la contratación de conocidos como una herramienta contra quien no siga el juego a quienes tienen la sartén por el mango. 

Durante estos últimos días, he leído comentarios en las noticias de los diarios y he recibido de algunos conocidos las típicas preguntas «¿Qué quieren? ¿Más vacaciones?», «Si ellos ganan poco, que les pregunten a los de…». Creo que más arriba he dejado claro que no solo luchamos por nuestros derechos laborales, sino por la educación pública: mi trabajo es totalmente vocacional, pero también de fe y yo tengo una fe plena en ese sistema al que tanto le debo como alumna y como persona. 

Y a las afirmaciones que aseguran, como si de un experimento social se tratase, que «los profesores hacen huelga cuando llevan mucho tiempo sin vacaciones» les aclaro que me restan alrededor de cien euros por jornada de huelga. Y aquí resalto una curiosidad: por no trabajar durante siete horas y media me restan eso y en el acuerdo de la vergüenza me ofrecen pagarme la mitad por pasarme veinticuatro horas con los niños en excursiones con pernoctación. 

Para acabar quiero agradecer a mis compañeros los bomberos y también a los trabajadores del campo por solidarizarse con nosotros y unirse a algunas de nuestras acciones: os debemos una. 

Y a los que tanto envidiáis nuestras excelentes condiciones os recuerdo algo: faltan profesores de muchas especialidades. Aquí os esperamos.